El otro Procurador

En las elecciones de funcionarios de segundo grado en la que nos encontramos, hay una a la cual generalmente no se le da mucha relevancia: la del Procurador General de la República. Esta entidad nació en 1939, cumpliendo este año su 70 aniversario, siendo parte de lo que se conoce como Ministerio Público. En un inicio, éste era conformado por Fiscales y Procuradores, pero luego se agregó la Procuraduría de Derechos Humanos.

En un estudio que hicimos ya hace varios años (2000), con el reconocido abogado Francisco Díaz, sobre modelos exitosos de acceso a la justicia en varios países de América Latina realizado para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), mencionábamos a la Procuraduría como un modelo exitoso, no necesariamente por su funcionamiento, sino por el modelo que representaba.

Comparado con otros países en América Latina, la procuraduría ofrece una amplia gama de servicios legales a personas de bajos recursos económicos, en materias como penal, laboral, civil, etc. En comparación, en otros países, en donde los servicios legales gratuitos se circunscriben a lo sumo a la materia penal, sin contar con una entidad tan amplia como la nuestra.

Conforme la Constitución, la Procuraduría General cumple la importante función de velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores e incapaces. El Procurador es responsable de dar asistencia legal a personas de escasos recursos económicos.

No obstante, estas bondades, los alcances de la entidad han sido minimizados por la mayoría de sus titulares, a logros relacionados con el cobro de cuotas alimenticias a los padres irresponsables, cosa importante, pero no única para su mandato constitucional. A diferencia de sus vecinos, Fiscal General y Procurador de Derechos Humanos, los procuradores generales han estado ausentes del debate político.

Mientras que la atención se ha centrado en lo que hacen o dejan de hacer los fiscales, responsables de acusar y dirigir las investigaciones por delitos, los procuradores - encargados de defender - han guardado silencio, lo que no ha permitido conocer la otra versión de los que defienden a los imputados y conocen muchas de las falencias y fallas del sistema de justicia.

Según su último informe de labores, la Procuraduría benefició a más de 80,000 imputados adultos y menores infractores; a más de 6,000 trabajadores/as y a 403 niños y niñas. Con 1,238 empleados y empleadas, distribuidas en 17 procuradurías auxiliares más la oficina central. esta entidad atendió más de 30,000 solicitudes de asistencia para procesos de familia y brindó más de 68,000 asistencias como defensores públicos, lo que da una idea de la magnitud del rol que se juega.

Lamentablemente ha habido pocos espacios para que los mismos usuarios/as evalúen la calidad de los servicios, de tal manera de contar con mayores indicadores sobre el rendimiento de la constitución y sus titulares. En los corrillos las quejas son variadas, y se achaca a muchos defensores de falta de interés y atención, y en el peor de los casos, de corruptos.

Un caso que nos toco en FESPAD, con un jefe de procuradores en San Miguel, ejemplifica algunos de los abusos y arbitrariedades que caracterizan todavía a estas instituciones. La denuncia vino de un grupo de empleados de la misma Procuraduría. El jefe embarazo a una empleada de su negocio. Cuando esta quizo presentar su queja por alimentos a la Procuraduría, el funcionario ordenó que no se atendiera e impidió el acceso a la justicia de la misma. La pobre mujer intentó varias demandas, pero siempre se topo que el funcionario tenía amigos por todos lados.

Aunque nosotros informamos directamente sobre el asunto al actual Procurador Marcos Sánchez Trejo, el resultado fue que en lugar de sancionarse al funcionario, se trasladó a la mayoría de los empleados que lo habían denunciado.

Hace algunas semanas, la Asamblea Legislativa abrió el proceso para la elección del nuevo procurador. Esta semana, Sanchez Trejo, se presentó al pleno legislativo para solicitar su reelección. Sería bueno que los padres de la patria oyeran a los usuarios/as de la entidad para evaluar al candidato que pretende reelegirse.

El nuevo Fiscal

No tiene mucho sentido hacer un análisis exhaustivo de los requisitos constitucionales y legales (1) para ser Fiscal, en un país en el cual los fiscales en los 20 años de gobierno de ARENA, en su mayoría han sido puestos ahí para proteger los interés partidarios y no de la población.

Señala la Constitución que el Fiscal, es el responsable de velar por la defensa de los intereses de la sociedad y el Estado, defender la legalidad, promover la acción penal y ejercer la conducción de la investigación del delito (art. 195 C. Pn.).

En los tiempos del conflicto armado, la Fiscalía fue cómplice de muchas violaciones a los derechos humanos, simplemente por guardar silencio. Los mismos fiscales fueron beneficiados con una amplia ley de amnistía, que oculto los entretelones de auténticos fraudes procesales entretejidos en los antiguos cuerpos de seguridad.

Antes de 1996, cuando estaba vigente la normativa penal de 1974, nuestro sistema penal era de carácter inquisitivo (2), ya que el juez era quien tenía el predominio de la acción penal , asumiendo roles de investigador y a la vez de juzgador. En este sistema, el principio de presunción de inocencia no tenia mucho valor.

En 1996, se adoptó un nuevo sistema penal de carácter acusatorio, caracterizado por que la función de investigación y acusación lo concentra el Fiscal, y los jueces son los responsables de velar por el respeto de las garantías. Históricamente, al igual que otras entidades de justicia, la Fiscalía era hasta entonces una institución anquilosada, burocrática y con un esquema bien limitado respecto del proceso penal. El buen fiscal, era quien hubiese logrado más condenas, no importando si las mismas fueran justas o no.

Los procesos de reforma judicial de los años 90, contribuyeron a que algunas instituciones, entre ellas la Fiscalía introdujera mejoras en procesos, infraestructura y condiciones laborales. Un Diagnóstico de la Fiscalía General de la República, realizado en 2001, por una comisión de notables ciudadanos y ciudadanas nombrados por el entonces Fiscal Belisario Artiga, concluía que:

La modernización de la administración de justicia, especialmente en el campo penal, las dificultades socio económicas y políticas derivadas de la finalización del conflicto armado, el incremento de la delincuencia común y organizada que utiliza sofisticados métodos para la comisión de delitos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero, defraudaciones públicas, propiedad intelectual, así como la continua proliferación de leyes de las más distintas variedades (Código Tributario, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, por mencionar algunos ejemplos), han impactado a la Fiscalía General de la República, a la cual se le exige el cumplimiento pronto y efectivo de sus obligaciones, sin tener en cuenta la escasez de recursos de todo tipo y las dificultades administrativas internas y fenómenos externos que hacen sumamente difícil su trabajo cotidiano.

Aunque debe reconocerse los avances de la entidad fiscal y la existencia de varios ejemplos de buenos fiscales; junto con las determinantes y problemas que apuntaba el diagnóstico citado, lamentablemente los titulares de la institución, fueron colocados en su mayoría por pactos partidarios. Ello ha implicado que los fiscales no han sido independientes, y han usado el poder que tienen como arma de chantaje político o para ocultar los oscuros secretos de personas influyentes.

Por ello son innumerables los casos que han quedado en la impunidad, deficientemente investigados o trabajados, o en el peor de los supuestos, casos en que se ha tergiversado u ocultado la prueba. No por casualidad, en el país solo se ha condenado a un alto funcionario y a dos jueces por corrupción. No por casualidad, ningún militar de alto rango ha sido condenado. Tampoco por casualidad las víctimas son las que tienen que huir y no los victimarios; y se tiene que recurrir a instancias internacionales para hacer justicia.

El actual fiscal, Félix Garrid Safie, no se ha apartado de esta tendencia, e incluso ha sido uno de los funcionarios fiscales que mas descaradamente ha denotado su filiación política. Un ejemplo claro de un fraude montado en su gestión es el que se intento hacer con el Juez David Posada, coaccionando a una mujer detenida para que inventara una historia creada en las oficinas fiscales. Pretende la reelección junto con otros 19 candidatos.

24 fiscales han sido los representantes de la legalidad desde 1952. En abril toca nombrar el número 25. Con nuestro actual sistema penal, en que el Fiscal tiene amplios poderes para perseguir o dejar de perseguir penalmente a alguien, resultaría contraproducente que se nombre a alguien que responda a determinados intereses.


Notas:

(1) Conforme la Constitución (arts. 177 y 192 Cn), para ser Fiscal se requiere los mismos requisitos que para magistrado de Cámara de Segunda Instancia: ser salvadoreño de nacimiento, mayor de treinta y cinco años de edad, del estado seglar, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber obtenido la autorización para ser abogado por lo menos 8 años antes de su elección y estar en el goce de sus derechos ciudadanos y haberlo estado en los seis años anteriores al ejercicio de su cargo.

(2) Inquisitivo: Sistema penal que, a diferencia del acusatorio, permite al juzgador exceder la acusación y aun condenar sin ella.

De nuevo, elecciones de segundo grado

Nuevamente estamos a las puertas de varias elecciones de funcionarios de segundo grado. Se cuenta la elección del Fiscal General de la República, cuyo mandato vence en abril; la del Procurador General de la República y la del Procurador de Derechos Humanos. Agregamos acá, la de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la del Presidente de la Corte de Cuentas de la República.

La mayoría de estos funcionarios tienen un rol importante en lograr el acceso a la justicia de la población. La pregunta acá es si se apartaran estas elecciones de lo que han sido en el pasado: elecciones amañadas caracterizadas prácticamente por un reparto partidario de las instituciones. Los procesos para la selección y determinación de idoneidad de los candidatos o candidatas, por lo tanto han importado poco, convirtiéndose en show mediáticos.

Las primeras señales indican lamentablemente que no habrá mucha diferencia. 3 de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura se auto nombraron y se incluyeron en la lista, que se remitió a la Asamblea Legislativa, lo que es antiètico y ha generado el rechazo de varias instituciones. Tanto ARENA y el FMLN han asumido posiciones basados en sus intereses por colocar gente de su preferencias en los puestos, y no en base a un proceso técnico de selección.

En el caso del Fiscal General de la República se acaba de nombrar una comisión de diputados que analizará la lista de candidatos existente, alrededor de 20. Según se conoce, se pretende que la elección se haga la segunda semana de abril, lo que anuncia que el proceso será acelerado y sin mucho tiempo para evaluar adecuadamente a los candidatos.

En elecciones de este tipo, debería imponerse un proceso de selección basado en concurso, el cual asegure una competencia que garantice la idoneidad, honestidad, conocimientos y experiencias de los y las candidatas, y no basado en cuotas partidarias.

En el pasado, en diferentes foros, talleres se han presentado propuestas sobre procesos de selección y se elaboraron perfiles de los cargos.

Tres aspectos son fundamentales en un proceso de selección:

a) la idoneidad del candidato, que requiere conocer su conocimiento y experiencia y compararlos con el perfil del puesto. Esto no lo resuelve, solo las normas que establecen los requisitos de los puestos, ya que en la mayoría de los casos son muy generales, y se requiere la elaboración de un perfil;

b) la independencia del candidato, lo que implica que no tenga conflictos de interés, y en el mejor de los casos que no sea un militante de un partido político. Para determinar ello se requiere investigar y recabar información sobre el o la candidata, lo que se resuelve requiriendo a las autoridades policiales y administrativas sus antecedentes; y/o abriendo la posibilidad que ciudadanos presenten información que implique un impedimento para que el o la candidato pueda ejercer el cargo.

c) Ética, implica la probidad, honestidad y transparencia del o la candidata. Esto solo puede determinarse a partir de la conducta demostrada en su vida, lo que implica una indagación de su trayectoria. Un método para ello es someter al candidato/a a un cuestionario para indagar sus posiciones morales y éticas sobre determinados asuntos. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos a cargos como magistraturas son sometidos a un interrogatorio público en el senado.

Esperemos que alguno de los procesos en camino reunan algunas de estas condiciones, sino seguiremos teniendo un déficit en el tipo de funcionarios públicos de segundo grado que llegan a estos puestos. Los ejemplos abundan de ineptitud, corrupción y compadrazgo.

En próximas entregas un análisis de cada elección.