El otro Procurador

En las elecciones de funcionarios de segundo grado en la que nos encontramos, hay una a la cual generalmente no se le da mucha relevancia: la del Procurador General de la República. Esta entidad nació en 1939, cumpliendo este año su 70 aniversario, siendo parte de lo que se conoce como Ministerio Público. En un inicio, éste era conformado por Fiscales y Procuradores, pero luego se agregó la Procuraduría de Derechos Humanos.

En un estudio que hicimos ya hace varios años (2000), con el reconocido abogado Francisco Díaz, sobre modelos exitosos de acceso a la justicia en varios países de América Latina realizado para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), mencionábamos a la Procuraduría como un modelo exitoso, no necesariamente por su funcionamiento, sino por el modelo que representaba.

Comparado con otros países en América Latina, la procuraduría ofrece una amplia gama de servicios legales a personas de bajos recursos económicos, en materias como penal, laboral, civil, etc. En comparación, en otros países, en donde los servicios legales gratuitos se circunscriben a lo sumo a la materia penal, sin contar con una entidad tan amplia como la nuestra.

Conforme la Constitución, la Procuraduría General cumple la importante función de velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores e incapaces. El Procurador es responsable de dar asistencia legal a personas de escasos recursos económicos.

No obstante, estas bondades, los alcances de la entidad han sido minimizados por la mayoría de sus titulares, a logros relacionados con el cobro de cuotas alimenticias a los padres irresponsables, cosa importante, pero no única para su mandato constitucional. A diferencia de sus vecinos, Fiscal General y Procurador de Derechos Humanos, los procuradores generales han estado ausentes del debate político.

Mientras que la atención se ha centrado en lo que hacen o dejan de hacer los fiscales, responsables de acusar y dirigir las investigaciones por delitos, los procuradores - encargados de defender - han guardado silencio, lo que no ha permitido conocer la otra versión de los que defienden a los imputados y conocen muchas de las falencias y fallas del sistema de justicia.

Según su último informe de labores, la Procuraduría benefició a más de 80,000 imputados adultos y menores infractores; a más de 6,000 trabajadores/as y a 403 niños y niñas. Con 1,238 empleados y empleadas, distribuidas en 17 procuradurías auxiliares más la oficina central. esta entidad atendió más de 30,000 solicitudes de asistencia para procesos de familia y brindó más de 68,000 asistencias como defensores públicos, lo que da una idea de la magnitud del rol que se juega.

Lamentablemente ha habido pocos espacios para que los mismos usuarios/as evalúen la calidad de los servicios, de tal manera de contar con mayores indicadores sobre el rendimiento de la constitución y sus titulares. En los corrillos las quejas son variadas, y se achaca a muchos defensores de falta de interés y atención, y en el peor de los casos, de corruptos.

Un caso que nos toco en FESPAD, con un jefe de procuradores en San Miguel, ejemplifica algunos de los abusos y arbitrariedades que caracterizan todavía a estas instituciones. La denuncia vino de un grupo de empleados de la misma Procuraduría. El jefe embarazo a una empleada de su negocio. Cuando esta quizo presentar su queja por alimentos a la Procuraduría, el funcionario ordenó que no se atendiera e impidió el acceso a la justicia de la misma. La pobre mujer intentó varias demandas, pero siempre se topo que el funcionario tenía amigos por todos lados.

Aunque nosotros informamos directamente sobre el asunto al actual Procurador Marcos Sánchez Trejo, el resultado fue que en lugar de sancionarse al funcionario, se trasladó a la mayoría de los empleados que lo habían denunciado.

Hace algunas semanas, la Asamblea Legislativa abrió el proceso para la elección del nuevo procurador. Esta semana, Sanchez Trejo, se presentó al pleno legislativo para solicitar su reelección. Sería bueno que los padres de la patria oyeran a los usuarios/as de la entidad para evaluar al candidato que pretende reelegirse.