Nuevamente estamos a las puertas de varias elecciones de funcionarios de segundo grado. Se cuenta la elección del Fiscal General de la República, cuyo mandato vence en abril; la del Procurador General de la República y la del Procurador de Derechos Humanos. Agregamos acá, la de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la del Presidente de la Corte de Cuentas de la República.
La mayoría de estos funcionarios tienen un rol importante en lograr el acceso a la justicia de la población. La pregunta acá es si se apartaran estas elecciones de lo que han sido en el pasado: elecciones amañadas caracterizadas prácticamente por un reparto partidario de las instituciones. Los procesos para la selección y determinación de idoneidad de los candidatos o candidatas, por lo tanto han importado poco, convirtiéndose en show mediáticos.
Las primeras señales indican lamentablemente que no habrá mucha diferencia. 3 de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura se auto nombraron y se incluyeron en la lista, que se remitió a la Asamblea Legislativa, lo que es antiètico y ha generado el rechazo de varias instituciones. Tanto ARENA y el FMLN han asumido posiciones basados en sus intereses por colocar gente de su preferencias en los puestos, y no en base a un proceso técnico de selección.
En el caso del Fiscal General de la República se acaba de nombrar una comisión de diputados que analizará la lista de candidatos existente, alrededor de 20. Según se conoce, se pretende que la elección se haga la segunda semana de abril, lo que anuncia que el proceso será acelerado y sin mucho tiempo para evaluar adecuadamente a los candidatos.
En elecciones de este tipo, debería imponerse un proceso de selección basado en concurso, el cual asegure una competencia que garantice la idoneidad, honestidad, conocimientos y experiencias de los y las candidatas, y no basado en cuotas partidarias.
En el pasado, en diferentes foros, talleres se han presentado propuestas sobre procesos de selección y se elaboraron perfiles de los cargos.
Tres aspectos son fundamentales en un proceso de selección:
a) la idoneidad del candidato, que requiere conocer su conocimiento y experiencia y compararlos con el perfil del puesto. Esto no lo resuelve, solo las normas que establecen los requisitos de los puestos, ya que en la mayoría de los casos son muy generales, y se requiere la elaboración de un perfil;
b) la independencia del candidato, lo que implica que no tenga conflictos de interés, y en el mejor de los casos que no sea un militante de un partido político. Para determinar ello se requiere investigar y recabar información sobre el o la candidata, lo que se resuelve requiriendo a las autoridades policiales y administrativas sus antecedentes; y/o abriendo la posibilidad que ciudadanos presenten información que implique un impedimento para que el o la candidato pueda ejercer el cargo.
c) Ética, implica la probidad, honestidad y transparencia del o la candidata. Esto solo puede determinarse a partir de la conducta demostrada en su vida, lo que implica una indagación de su trayectoria. Un método para ello es someter al candidato/a a un cuestionario para indagar sus posiciones morales y éticas sobre determinados asuntos. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos a cargos como magistraturas son sometidos a un interrogatorio público en el senado.
Esperemos que alguno de los procesos en camino reunan algunas de estas condiciones, sino seguiremos teniendo un déficit en el tipo de funcionarios públicos de segundo grado que llegan a estos puestos. Los ejemplos abundan de ineptitud, corrupción y compadrazgo.
En próximas entregas un análisis de cada elección.
La mayoría de estos funcionarios tienen un rol importante en lograr el acceso a la justicia de la población. La pregunta acá es si se apartaran estas elecciones de lo que han sido en el pasado: elecciones amañadas caracterizadas prácticamente por un reparto partidario de las instituciones. Los procesos para la selección y determinación de idoneidad de los candidatos o candidatas, por lo tanto han importado poco, convirtiéndose en show mediáticos.
Las primeras señales indican lamentablemente que no habrá mucha diferencia. 3 de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura se auto nombraron y se incluyeron en la lista, que se remitió a la Asamblea Legislativa, lo que es antiètico y ha generado el rechazo de varias instituciones. Tanto ARENA y el FMLN han asumido posiciones basados en sus intereses por colocar gente de su preferencias en los puestos, y no en base a un proceso técnico de selección.
En el caso del Fiscal General de la República se acaba de nombrar una comisión de diputados que analizará la lista de candidatos existente, alrededor de 20. Según se conoce, se pretende que la elección se haga la segunda semana de abril, lo que anuncia que el proceso será acelerado y sin mucho tiempo para evaluar adecuadamente a los candidatos.
En elecciones de este tipo, debería imponerse un proceso de selección basado en concurso, el cual asegure una competencia que garantice la idoneidad, honestidad, conocimientos y experiencias de los y las candidatas, y no basado en cuotas partidarias.
En el pasado, en diferentes foros, talleres se han presentado propuestas sobre procesos de selección y se elaboraron perfiles de los cargos.
Tres aspectos son fundamentales en un proceso de selección:
a) la idoneidad del candidato, que requiere conocer su conocimiento y experiencia y compararlos con el perfil del puesto. Esto no lo resuelve, solo las normas que establecen los requisitos de los puestos, ya que en la mayoría de los casos son muy generales, y se requiere la elaboración de un perfil;
b) la independencia del candidato, lo que implica que no tenga conflictos de interés, y en el mejor de los casos que no sea un militante de un partido político. Para determinar ello se requiere investigar y recabar información sobre el o la candidata, lo que se resuelve requiriendo a las autoridades policiales y administrativas sus antecedentes; y/o abriendo la posibilidad que ciudadanos presenten información que implique un impedimento para que el o la candidato pueda ejercer el cargo.
c) Ética, implica la probidad, honestidad y transparencia del o la candidata. Esto solo puede determinarse a partir de la conducta demostrada en su vida, lo que implica una indagación de su trayectoria. Un método para ello es someter al candidato/a a un cuestionario para indagar sus posiciones morales y éticas sobre determinados asuntos. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos a cargos como magistraturas son sometidos a un interrogatorio público en el senado.
Esperemos que alguno de los procesos en camino reunan algunas de estas condiciones, sino seguiremos teniendo un déficit en el tipo de funcionarios públicos de segundo grado que llegan a estos puestos. Los ejemplos abundan de ineptitud, corrupción y compadrazgo.
En próximas entregas un análisis de cada elección.
No hay comentarios:
Publicar un comentario